Antecedentes

Convención Nacional de Fiscalías Anticorrupción

La institución del Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia y en representación de los individuos, la sociedad y el Estado, promueve y vigila el cumplimiento del orden constitucional y procura justicia en el ámbito de su competencia. Así mismo, participa en acciones de prevención del delito para garantizar la seguridad pública.

En concordancia con los anteriores principios, decidimos a partir de esta fecha constituirnos bajo denominación de “Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción”, a fin de establecer prioridades, estrategias y políticas para lograr optimización, eficiencia y eficacia en el ejercicio de las responsabilidades que nos otorga el marco jurídico y así abatir la impunidad y corrupción, restablecer la credibilidad ciudadana y mantener vigencia del Estado de Derecho.

Desde un primer momento, reconocimos que los cada vez más complejos métodos y conductas que se adoptan para quebrantar la administración pública, han rebasado los límites geográficos y que esto constituye un factor que eleva las conductas que la ley señala como hechos de corrupción.

Para hacer frente a tales circunstancias y responder al reclamo social, decidimos que era indispensable la adopción de políticas públicas uniformes de actuación, que nos permitiera articular nuestras acciones tendientes a eficientizar la prevención de los delitos de corrupción, el intercambio de experiencias y datos que coadyuvaran en nuestra misión, siempre con un estricto apego a los principios constitucionales y a las leyes que las rigen, así como una plena observancia al respecto de los derechos humanos.

Orientamos nuestra actuación bajo los criterios de honestidad, profesionalismo, imparcialidad, lealtad y eficiencia, así como la buena fe y sentido humano; logrando en base a los consensos adquiridos avanzar gradualmente para lograr nuestra misión.

Hoy, con la formalidad de haberse reconocido nuestros esfuerzos, se da cause a una nueva realidad que nos permite inscribir en el nuevo marco legal nuestra actuación conjunta como órgano auxiliar del Sistema Nacional Anticorrupción.

La instrumentación coordinada e integral de todos los esfuerzos que realizan las instancias y niveles públicos para prevenir el delito, procurar e impartir justicia, es el paso de la idea a la acción comprometida y organizada que nos permitirá restablecer la credibilidad en las Instituciones Públicas y garantizar su funcionabilidad.
Asumimos el reto de cumplir objetivamente la responsabilidad legal que tenemos conferida y ratificamos nuestra voluntad inalterable de cumplir con nuestra misión de prevenir el delito y procurar justicia en nuestra nación, mediante acciones que respondan a las legítimas demandas ciudadanas.